24 abril 2016
En la Cámara de Diputados estamos dialogando, para aprobar modificaciones a la Ley por la que se fortalecerá la Secretaría de la Función Pública y la Ley General de Fiscalización y Rendición de Cuentas.

EXIGE GPPAN APROBACIÓN DE LEYES DEL SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN EN EL SENADO: DIP. MARKO CORTÉS MENDOZA

Es lamentable y preocupante que aún no se hayan recibido en la Cámara de Diputados las minutas de las Leyes del Sistema Nacional Anticorrupción por parte del Senado de la República, afirmó el coordinador de los diputados del PAN, Marko Cortés Mendoza, quien urgió a los senadores a aprobar las leyes pendientes.

“Hacemos responsables a los Senadores del PRI y sus aliados del Partido Verde por este atraso que afecta el combate a la opacidad, la corrupción y a la impunidad. Su indecisión no solo ha afectado los trabajos en el Senado sino que también ha impactado en la Cámara de Diputados”, agregó.

Destacó a una semana de que se termine el segundo Período Ordinario del Primer Año de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, el 30 de abril, que el Partido Acción Nacional había propuesto con suficiente anticipación los cambios en las leyes para llegar a esta fecha con las aprobaciones requeridas, y advirtió  “hoy nos queda claro que al PRI y sus aliados les cuesta mucho dar pasos hacia la adelante en cuanto a la honestidad y la transparencia que hoy demandan los ciudadanos a la clase política”.

Aseguró que en la Cámara de Diputados, Acción Nacional no ha dejado de dialogar para construir consensos con otras fuerzas políticas y poder concretar la aprobación de los dictámenes pendientes, como son la modificación de la Ley Orgánica de la Administración Pública, por la que se fortalecerá la Secretaría de la Función Pública (SFP), y la iniciativa de la nueva Ley General de Fiscalización y Rendición de Cuentas.

El diputado Cortés Mendoza recordó que la administración de Enrique Peña Nieto impulsó una reforma para desaparecer la SFP con la promesa de crear una Comisión Nacional Anticorrupción, sin embargo ésta quedó como un mero compromiso de campaña incumplido, pero tras los escándalos de corrupción que se dieron con la Casa Blanca, OHL e HIGA, se vio obligado a designar al frente de esa dependencia, a Virgilio Andrade Martínez, quien únicamente llegó para exonerarlo por el presunto conflicto de interés.

La propuesta del PAN busca que la Secretaría recupere su función y opere el Servicio Profesional de Carrera para garantizar que los funcionarios se guíen por los principios rectores de legalidad, eficiencia, objetividad, calidad, imparcialidad, equidad, competencia por mérito y equidad de género, donde estén las y los ciudadanos más capaces y comprometidos con México y no las amigas y amigos del Presidente o las amigas y amigos de los amigos del Presidente.

Además, el titular de la SFP no deberá ser miembro del mismo partido político o de alguno de los que haya postulado al Presidente, así como no tener relaciones de amistad ni con él, ni con los titulares de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, para ello la propuesta es que el nuevo titular de la Función Pública sea ratificado por el Senado y que el nombramiento tendrá que ir acompañado de su declaración de “3 de 3”.

El líder de los diputados del PAN indicó que por lo que respecta al tema de la fiscalización, que es otro de los grandes cambios que impulsa el Sistema Nacional Anticorrupción, se busca desarrollar un nuevo esquema para fincar responsabilidades a los servidores públicos y, en su caso, a los particulares que participen en la comisión de faltas administrativas.

Para lograr lo anterior se busca fortalecer a la Auditoría Superior de la Federación en su capacidad para: analizar la cuenta pública y formular las observaciones correspondientes a las entidades fiscalizadas; para rendir los informes que correspondan a la Cámara de Diputados; generar la actuación que competa a otras autoridades en materia de investigación de presuntos ilícitos penales, fincar responsabilidades por faltas administrativas graves y para investigar y realizar auditorías sobre posibles actos irregulares cometidos en ejercicios fiscales anteriores.
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